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Raúl Parra Serva

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Caracas, sábado 27 de noviembre, 1999

Opinión

NO, Como Preferencia Constitucional

RAUL PARRA-SERVA

El referéndum debe, de hecho, reflejar las preferencias fiscales del votante racional. La conducta del presidente Chávez ha afectado definitivamente la elaboración de la nueva Carta Magna y los miembros de la ANC, salvo contadas y honrosas excepciones, han cedido a las presiones ejercidas desde una óptica cuya visión se fundamenta en ideas políticas y sociales anacrónicas que se apartan de las premisas básicas acerca de la teoría de la elección pública y de la toma de decisiones descentralizadas.

La racionalidad económica debe manifestarse, por lo tanto, en absoluta correspondecia con una postura militante a favor de la descentralización, votando por la autonomía financiera de los estados, por la democratización del capital, por un tamaño adecuado del sector público, por una economía de mercado altamente competitiva, impulsada por una política económica que ponga el acento en la diversificación eficiente de nuestras exportaciones y en la formación de una alta tasa de ahorro doméstico que impulse definitivamente la inversión, y con ello los desplazamientos en sentido ascendente y hacia la derecha de las curvas de oferta y demanda, mediante el desarrollo de los fondos de pensiones, hoy condenados por esa concepción primitiva sobre el gobierno y la economía. Además, debe apostarse por la necesidad de reconocer a la sociedad civil como objetivo fundamental en la formulación de las políticas públicas.

Un no rotundo evitaría la concreción de un marco reglamentario, que pretende sustituir mediante un proceso político autoritario y monopolizador de las decisiones que afectan al país en su conjunto, los mecanismos eficientes del mercado, que están bien adaptados para la provisión de bienes privados, basados en el intercambio que se produce en el seno de la sociedad, generando riqueza y bienestar colectivo. Una concepción estatista y populista, que niega la importancia de la empresa privada, que aniquila la descentralización, termina liquidando, también, la oferta de bienes sociales, por parte del sector público, y la asignación de su coste, con lo cual, aunque estén disponibles algunos pocos bienes sociales, sus beneficios estarán limitados espacialmente, y otorgados en función de la remuneración al sector político afecto al régimen.

La naturaleza de los bienes sociales tiene una incidencia sobre la cuestión del federalismo fiscal, unidad central del Tesoro o descentralización. El NO defiende la importancia de que los bienes públicos locales sean suministrados por los gobiernos locales, y sus costos compartidos, de acuerdo con las preferencias de los residentes de la región. El NO reconoce la necesidad de que los bienes públicos nacionales sean provistos por el Gobierno Nacional, dadas las características espaciales de los bienes sociales, con lo cual hay ya por tanto una razón a priori para la existencia de jurisdicciones fiscales múltiples no recogidas en la nueva Constitución que se somete al escrutinio público.

El NO aboga por un sector público moderno, entendido éste como el presupuesto fiscal, y su utilización mediante la función de estabilización de la política presupuestaria para el logro de un alto nivel de empleo, de la estabilidad de precios, y del alcance de una alta tasa de crecimiento económico sostenible que considere los efectos sobre el comercio internacional y la balanza de pagos, que reconozca y entienda la condición subyacente de volatilidad en la economía.

Los electores se hallarán sujetos a la decisión de sus votos, durante el referéndum, la clara analogía entre la teoría del consumidor y la teoría de la elección pública, supone la maximización de la utilidad por parte de los agentes económicos; por ello el resultado tiene que ser una solución eficiente, cónsona con una estructura de preferencias que procure el beneficio material de la sociedad.
El SI, pecha el pasado y grava el futuro. El NO juzga el pasado pero salva el futuro.

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