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Raúl Parra Serva

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Caracas, lunes 13 de diciembre, 1999

Opiníon

Costo de oportunidad del SI

RAUL PARRA-SERVA

La gente responde a los incentivos. Es un hecho que, la respuesta a los incentivos puede ser tan innata como cualquier otro comportamiento instintivo, lo cual valida inmensamente este principio general, además que constituye como tal, núcleo duro de la teoría del consumidor y de la teoría de la empresa, en la explicación de la maximización, indiscutible actitud humana, tanto de la utilidad por parte de los demandantes de cualesquiera cesta de bienes y servicios, como del beneficio por parte de los oferentes de estas mercancías, cuando se da el proceso interactivo, en condiciones de libre mercado. Incluso, una de las ideas centrales del análisis económico es la de que la búsqueda del propio provecho por parte de los individuos no sólo suele ser compatible con los objetivos sociales sino que, de hecho, éstos exigen tal comportamiento.

El costo de oportunidad, supone que un sector público moderno, debe ser capaz de reconocer la alternativa más valiosa que se sacrifica cuando se realiza una actividad dada, debe entender que algunos costos, como los costos irrecuperables o costos hundidos, suelen parecer relevantes, pero no lo son. Los costos de oportunidad, tienen la mayor importancia, porque son realmente los costos significativos para las decisiones conectadas a la oportunidad.

El proyecto de Constitución chavista, puesto a la consideración del soberano, niega el problema económico de selección y conflicto entre finalidades en competencia, es una violación al derecho de libertad económica, dado que él mismo pone una inmensa devoción de todos los recursos para la consecución de un objetivo político, sacrificando las oportunidades de desarrollo y bienestar material de las grandes mayorías en beneficio de una minoría autocrática.

La caída permanente, sin posibilidades de recuperación, del ingreso nacional disponible, la inflación recurrente, déficit fiscales financiados con incrementos perdurables de impuestos, declinación definitiva del ahorro nacional, severa contracción del consumo, todo esto inducido por la nueva reglamentación constitucional, proporcionará el pretexto para la materialización del proyecto político de corte totalitario, que impulsará el establecimiento de un socialismo militar, que es definido por L. von Mises como aquel socialismo en el cual todas las instituciones se diseñan con la finalidad de hacer la guerra, y en el que la escala de valores para determinar el status social y la renta de los ciudadanos se basa, de forma exclusiva o preferente, en la posición que cada uno de ellos ocupa en relación con las Fuerzas Armadas.

El proyecto político, inspirado en las ideas políticas que informan la tesis 'Ceresole', de partido único y militar, tiene absoluta correspondencia con la ejecutoria presidencial, con la ausencia de política económica, con la visión estatista y socializante de la economía que suscribe la propuesta constitucional, con una política petrolera errática que pone el acento en los precios, descartando la apertura y la producción de volúmenes condenando al país a exportaciones de talla prácticamente similar y con un ingreso petrolero per cápita inferior a la década de los setenta, con la identificación presidencial con el modelo cubano y su líder, en fin, con una situación que predetermina un complejo cuadro económico y político que se caracteriza por la negación del mercado, significando ello la violación de las libertades económicas. Existe una clara correlación entre libertad económica y libertad política, por tanto, donde no hay libertad económica no hay libertad política.

El marco jurídico donde se desenvuelve la libertad económica es fruto de la accón humana, y ésta no puede ser agredida institucionalmente mediante la imposición de una ley que no es consensual y contraria a una característica esencial y eminentemente creativa de todo venezolano, su capacidad para promoverse socioeconómicamente.

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