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Raúl Parra Serva

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Caracas, martes 23 de marzo, 1999

Opinión

Chávez, La Ley Habilitante y el Pecado de Omisión

RAUL PARRA-SERVA

Un insincero y equivocado proyecto de Ley Habitante, presentado por el Poder Ejecutivo ha sido necesariamente admitido en primera discusión en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, con la finalidad de darle veloz cauce hasta la Comisión de Finanzas, para un estudio más detallado y la consecuente estructuración de una propuesta legislativa acorde con los instrumentos y los lineamientos de política económica necesarios para tan delicado y complejo cuadro económico y político.

La fracción socialdemócrata consideró conveniente votar la admisión en primera discusión, con el propósito de morigerar la actuación del Gobierno, más interesado en el debate, que pone el acento en lo político pero con indudable falencia temática, obviando, posiblemente por ignorancia pero no por ello menos pecaminoso, la atención inmediata de forma veraz y acertada de lo sustantivamente económico.

Se me asignó la responsabilidad de intervenir en el debate sobre el particular, para expresar nuestro profundo desacuerdo con un proyecto de ley que no tiene asidero ni correspondencia con la letra y el espíritu del marco constitucional vigente, por cuanto rebasa el ámbito de actuación económico y financiero. Para rebatir la argumentación esgrimida por el polo gubernamental basada en los supuestos, inciertos, de que la solución mágica para abatir el déficit fiscal está contenida en el proyecto de ley, y más grave aún, la aseveración conforme a la cual éste contiene igualmente un programa de reformas estructurales.

La posición asumida fue la de advertir la ausencia de política económica, por ende de un plan concreto de crecimiento económico, que garantice la estabilidad económica, pero sobre todo para señalar la inexistencia, como condición necesaria, de un programa de ajuste macroeconómico y de un programa de reformas estructurales, como condición suficiente.

Para abatir el déficit fiscal se requiere de una política fiscal acertada y disciplinada que le proporcione calidad y reorientación al gasto público, que se fundamente en reglas de operación institucionales en la elaboración de los presupuestos y que establezca criterios consistentes de la política fiscal con la política monetaria, en armonía con un programa de crecimiento económico con baja inflación.
La simple reducción del gasto público, en rubros éticamente aconsejables pero irrelevantes fiscalmente, no supone incrementos reales en la inversión pública fija destinada a salud, educación, infraestructura y, sobre todo, al financiamiento de una alta tasa de capitalización humana que propenda al desarrollo de destrezas, habilidades y formación académica como mecanismo permanente de distribución del ingreso sobre la base de la adquisición, por parte de los ciudadanos, de los conocimientos necesarios para producir riquezas y bienestar económico.

Un programa de capitalización humana, que pudiera estar financiado con una profunda reforma tributaria que peche el consumo de alto lujo el consumo suntuario mayoritariamente importado, para dedicar entonces el componente externo que tiene ese consumo a financiar la tasa de capitalización humana.

Las políticas de demanda, es decir, el plan cívico-militar, que supone una expansión del gasto y por lo demás una política de demanda sin adecuación con una política de oferta, constituyen un nuevo impacto inflacionario, tal como el aumento de hasta un 20% de sueldos y salarios, que es una ilusión monetaria. Cuando ese aumento se materialice el 1o de mayo ya habrá un rezago en el ajuste de los salarios frente a la corrección anticipada de todos los precios relativos en la economía. Es decir, una verdadera y acertada política económica privilegiaría la defensa del salario real abatiendo el déficit fiscal y la inflación, corrigiendo además los desequilibrios estructurales que afectan nuestra economía.

raul.parra7@cantv.net
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