El presidente Chávez perdió talla patrimonial en el referéndum, no hay dudas, por cuanto disminuyó su propia votación, en aproximadamente un millón de votos desde su elección en el pasado mes de diciembre. En esta última consulta electoral, la pregunta dos, ciertamente, significaba, entre otras cosas, un juicio al gobierno y, más aún, a su máximo exponente y a sus manifiestas pretensiones ajenas a toda vocación democrática. Ello sin considerar que la negativa en la segunda pregunta alcanzó una cifra, en términos absolutos y relativos, apreciable por su relación de causalidad con la mayoritaria abstención y su correlación con la dramática caída del capital electoral chavista. La pregunta uno no entrañaba competencia alguna, puesto que la constituyente, entendida como un proceso renovador de cambios, no suponía juicio en contrario. Sin embargo, concluido el evento comicial, los resultados expresan, casi una única conclusión, una seria lesión al presidente Chávez, en términos de su poder de convocatoria. Ha comenzado a extinguirse la luna de miel y, con ello, el espacio vital para acometer el conjunto de políticas económicas, tanto en el ámbito fiscal como en el monetario, que permitan el relanzamiento de nuestra economía.

La Ley Habilitante obliga al Presidente a una pronta actuación, en el plano de las políticas públicas, impidiéndole el discurso hacia las barras, por una parte, y exigiéndole, por otra parte, el cumplimiento del deber que el voto ciudadano le entregó en las pasadas elecciones presidenciales.

La discusión y los retardos gubernamentales, en torno a la Ley Habilitante, perseguían como objetivo producir signos multiplicadores favorables a la intención presidencial, en la votación de la pregunta dos. Dicha estrategia fue ineficaz para tales propósitos, y además devastadora por la retroalimentación de efectos nocivos de largo plazo en la economía.

Los decretos-leyes, contemplados en la supra-habilitación al gobierno, que tienen incidencia fiscal, como el IVA, el impuesto al débito bancario y las reformas administrativas en el sector público, requieren de su inmediata ejecución, por sus alcances como paliativos frente al déficit fiscal. Sin embargo, observando la conducta gubernamental frente al hecho económico, de deliberada inacción, podríamos suponer que nuevamente atendiendo el hecho político, referido a la escogencia de la Asamblea Constituyente, se descarte la política económica y se privilegie la opción de nada hacer, por cuanto se consideren supuestos riesgos políticos, en su sensata y responsable aplicación. Existe un tiempo para todas las cosas, hasta para tirar piedras, según el propio Presidente Chávez, tal como éste señala en su famosa carta al Chacal. Hoy, la ocasión apremia para Venezuela. El tirapiedrismo es condenable en todo tiempo y espacio. El tic-tac, es el ruido acompasado que produce el escape de un reloj, pero también el mecanismo de advertencia en una ‘bomba de tiempo’, que debe ser desactivada a través de los recursos institucionales, es decir, la política económica, por quien está obligado al desarme de la explosión social.

Venezuela tiene la imperiosa necesidad de emprender, sin dudas ni retrocesos, la reforma cabal del Estado para ampliar su capacidad de respuesta ante los ajustes macroeconómicos requeridos, que permitan un crecimiento económico sostenible con baja tasa de inflación, dntro del marco de acción de un mundo competitivo y globalizado.

El votante, en su papel de agente económico, tan sólo expresa preferencias en la reactivación de la economía, con una política de bajas tasas de interés, no decretada, sino consistente con una buena adecuación de la política monetaria y de la política fiscal, educación, salud, vivienda, empleo estable y bien remunerado.

La abstención, puesta en afirmativo, es un grito de esperanza si logra en el presidente Chávez, la racionalidad económica.